miércoles, 1 de julio de 2015

El Gobierno prepara los bozales para acallar a España con la Ley Mordaza

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El Gobierno de España ya se está frotando las manos para hacer callar las quejas y gritos de los españoles ante las leyes y actos desafortunados, algunos de estos rozando la inconstitucionalidad. Ha llegado la hora de dedcir adiós al 2015 y regresar a tiempos de la dictadura.

El 1 de julio de 2015 se pone en marcha algo que el Gobierno de Mariano Rajoy lleva tiempo intentando llevar a cabo, callar al pueblo español y no dejarlo expresarse con libertad dentro del respeto. O lo que es lo mismo, mañana entra en vigor la tan esperada ley popular, del Partido Popular, eso que quede muy claro, llamada Ley Mordaza.

Toca sacar el pañuelo y limpiarnos las lágrimas. Es hora de regresar al pasado y dejar a un lado el futuro tanto de los españoles como de España en general. El país que, en teoría, se había modernizado permitiendo el matrimonio homosexual, ahora regresa a tiempos en el que las multas, las presiones del gobierno y la vigilancia intensiva a los ciudadanos, un Gran Hermano "popular", serán la comidilla de los políticos del Partido Popular y su Gobierno. 

Algunas causas pueden estar bien, siempre hay que mirar el lado positivo de las cosas. Otras, en cambio, nos hacen recordar viejos tiempos que casi teníamos olvidados y que el Gobierno del Partido Popular no ha hecho más que avivarlo en estos cuatro años de legislatura de crisis, recortes y aumento de la pobreza en España.

De las 44 razones por las que alguien podría ser sancionado, el Gobierno las ha clasificado en: 

4 faltas muy graves (entre 30.001 y 600.000 euros)

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- Fabricar, almacenar o usar armas o explosivos incumpliendo la normativa o careciendo de la autorización necesaria o excediendo los límites autorizados. 

- Celebrar espectáculos públicos quebrantando la prohibición ordenada por la autoridad correspondiente por razones de seguridad pública.  

- Proyectar haces de luz sobre los pilotos o conductores de medios de transporte que puedan deslumbrarles o distraer su atención y provocar accidentes.

23 faltas graves (entre 601 y 30.000 euros). Entre las cuales se encuentran:

- Perturbar la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos deportivos o culturales, solemnidades y oficios religiosos u otras reuniones a las que asistan numerosas personas. (Debe referirse a cuando presidente y políticos van a actos deportivos y que los ciudadanos no quieren verlos ni en pintura. Pero eso no va con ellos.)

- La perturbación grave de la seguridad ciudadana en manifestaciones frente al Congreso, el Senado y asambleas autonómicas aunque no estuvieran reunidas. (Lo que significa que nadie puede dar su opinion pública a los políticos cuando estos salgan de "trabajar" frente a los edificios que, en teoría, se decide el futuro de España).

- Causar desórdenes en la calle u obstaculizarla con barricadas.

- Impedir a cualquier autoridad el ejercicio legítimo de sus funciones en el cumplimiento de resoluciones administrativas o judiciales. Este punto sancionaría, por ejemplo, las concentraciones para impedir la ejecución de desahucios. (O lo que es lo mismo, impedir que una familia pueda seguir viviendo en su casa ante su fatal situación económica, incumpliendo, Gobierno, jueces y policías, lo que dice la Constitución Española)

- Las acciones y omisiones que impidan u obstaculicen el funcionamiento de los servicios de emergencia. (Algo dificil de creer porque en situaciones de emergencia los españoles somos los primeros en dar ejemplo para que funcionen los servicios de emergencia. Claro está, si el Gobierno no hiciera recortes en estos servicios. Por lo que este impide que se lleve con un cierto nivel de calidad, a pesar del esfuerzo de los profesionales).

- La desobediencia o la resistencia a la autoridad así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes. (Algo que suelen hacer mucho ciertos miembros de la autoridad "competente" y agentes cuando la ciudadanía les requiere identificarse. Hemos visto muchos casos).

- Perturbar el desarrollo de una manifestación lícita. (Si hacemos memoria, muchas de esas "manifestaciones lícitas" han sido perturbadas por propios agentes de seguridad del Estado disfrazados de "manifestantes" y que han sido reconocidos por la ciudadanía. Algunos han tenido que huír al ser descubiertos).

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- Negarse a las inspecciones en fábricas, locales, establecimientos, embarcaciones y aeronaves. (En esta razón se deben incluir a los políticos y empresarios que esconden, queman y destruyen documentos antes de que la Policía intente entrar en sus empresas y otras oficinas de creación de corruptos).

- El uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información. (Tal vez el que un miembro de la Policía salga en una foto riendo mientras están deshauciando a una familia con niños pequeños, debe ser considerado un "peligro para la seguridad personal o familiar", pero ningún problema para el agente viendo como una familia se queda en la calle).

17 faltas leves (entre 100 y 600 euros). Como:

- Las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad. (Esto no incluye que un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pueda insultar o faltar al respeto a los ciudadanos en "sus funciones de protección de la seguridad" y, luego, pueda ser golpeado sin razón alguna o inventándose alguna).

- La ocupación de casas y la venta ambulante no autorizada.  

- No denunciar la perdida o el robo de un arma.  

- No tener la documentación personal legalmente exigida o no denunciar su robo o pérdida.

- La negligencia en la custodia y conservación de la documentación personal legalmente exigida, considerándose como tal la tercera y posteriores pérdidas o extravíos en el plazo de un año.  

- Negarse a darle la documentación a la Policía.

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- Dejar sueltos o en condiciones de causar daños animales feroces, así como abandonar animales domésticos en condiciones en que pueda peligrar su vida. (Ya están los políticos que utilizarán su tiempo libre para ir a los cotos de caza y cazarlos sin problemas).

- El consumo de alcohol en lugares públicos cuando perturbe gravemente... (En esto incluirán los botellones y, se espera, a aquellos políticos que conduzcan bebidos por la vía pública. Como se ha cazado a más de uno).

Bienvenida la nueva Ley de Seguridad Ciudadana impuesta por el Gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy. Aquella que el pueblo no quiere, ni la gran mayoría de los partidos políticos, pero que al Presidente del Gobierno de España y sus queridos compañeros de pupitre, les importa bien poco mientras ellos puedan hacer lo que les venga en gana. Como diría la "encantadora" del Partido Popular, Andrea Fabra: "¡Que se jodan!"

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