Cada vez resultan más demoledoras las cifras de los informes que realizan las distintas oenegés o asociaciones sobre la situación en España. Nada es normal ya en este pais y aunque el grito está en el cielo las cosas siguen igual o peor. La pobreza en todos los sentidos está cada vez más presente y palpable en casi todos los niveles sociales y en los diferentes grupos de edades. Tanto que ha llegado a un límite que ni siquiera pueden pagar los medicamentos necesarios para su salud.
Desde hace algún tiempo la pobreza también ha querido hacer su parada obligatoria en el ámbito de los medicamentos. No es porque sean escasos y no lleguen a la población, más bien al contrario. Muchos de estos han sido suprimidos de la Seguridad Social gracias al Ministerio de Sanidad y a la mano mágica de su espléndida ministra Ana Mato, Ana, es una ironía no saques el confeti para celebrarlo. Tanto es así que el precio de los fármacos excluidos han subido y muchos de ellos no pueden ser comprados por la gente que tiene mínimos recursos económicos. Muchos de ellos se niegan a comprarlos aunque eso perjudique su vida.
En el último Boletín de Vulnerabilidad elaborado por la Cruz Roja en España ha estimado que unas 840.000 personas sufren pobreza sanitaria. La gran mayoría de ellas no tiene capacidad económica para poder comprar medicamentos, ni siquiera los más esenciales. O lo que es lo mismo, el 35,1% de los 2.400.000 atendidos en esta organización admite dificultades económicas para cubrir sus gastos relacionados con la salud.
Por si aún no fuera suficiente con este dato, aún hay otros que no es para dar saltos de alegría. El 75% de estas personas lleva más de un año en paro. Seis de cada diez no reciben ni prestación por desempleo, ni rentas no contributivas. Aunque digan que la renta media por persona es de 555,3 euros, muchas de ellas no se pueden comprar unas gafas nuevas, ir al dentista, poder hacer frente al repago de las medicinas o ir al psicólogo para acudir terapia y poder hacer frente a esta dramática situación tanto personal como familiar.
Si mientras que a la población en general la salud les preocupa un 10,4%, a este grupo de personas que atiende la Cruz Roja esta preocupación asciende a un 31,5%. Por encima de esto está la situación económico-financiera que sufren las familias y el no poder llegar a final de mes. El alquiler o la hipoteca, la luz, el agua, el gas y otros servicios también son un gasto mensual para todos ellos.
Aunque parezca que estos datos son nuevos de este año 2014, no es así. A mediados del año pasado Médicos del Mundo denunció que, tras un año de la entrada en vigor de la reforma sanitaria, más de 800.000 personas permanecían sin control médico en España. Esta reforma se aprobó con el Real Decreto Ley 16/2012 del Gobierno del Partido Popular que expulsó del sistema público de salud a las personas que se encontraran en situación irregular, 2.300.000 personas, al quitarles la tarjeta sanitaria. Además, introdujo, entre otras medidas, el copago farmacéutico. Solo en 2013 Cruz Roja atendió a más de 5.400.000 personas en situación de vulnerabilidad en España.
Pero esta preocupación no inquieta a todos por igual. Como era de esperar, a nuestros amadísimos políticos del Gobierno poco les importa lo que esté ocurriendo en España. Tanto es así que han prometido a Bruselas recortar el gasto sanitario en 2.120 millones más para 2015. Por otro lado, las CCAA han presentado proyectos de presupuestos sanitarios para el año que viene en el que invertirán alrededor de 1.300 millones de euros más en materia salud. A menos que hayan cambios de última hora y sustos para la población en general, esta es la cifra que se promete según las cuentas presentadas hasta la fecha.
No es que las administraciones autonómicas se hayan vuelto así de generosas y tiren la casa por la ventana, nada de eso. Todo este altruísmo viene dado a que las elecciones autonómicas están a la vuelta de la esquina, en 2015, y ninguna de ellas quiere dejar un cabo suelto en lo que se refiere al tema sanitario. Es una manera más que tienen los diferentes gobiernos autonómicos de vendernos la moto antes de comprarla y hacernos pensar que se preocupan más de lo que todo el mundo imagina.
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