La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha insistido en la
competencia de este tribunal para investigar el delito de sedición por
los incidentes ocurridos en Catalunya los días 20 y 21 de septiembre
porque no se trata de unos hechos aislados.
(Europa Press) La magistrada cree que se enmarcan dentro de una estrategia
compleja en la que los investigados en la causa, Jordi Sànchez y Jordi
Cuixart, tenían un "papel esencial" y con la que buscaban poner en
marcha la hoja de ruta diseñada para llegar a obtener la independencia
de Catalunya.
Así responde la titular del Juzgado Central de Instrucción 3 a la
solicitud presentada por los imputados Sànchez y Cuixart, presidentes
del Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural,
respectivamente, de que se inhibiera a favor de los juzgados de
instrucción de Barcelona con el argumento de que el delito de sedición
no es competencia de la Audiencia Nacional.
Frente a los argumentos de Sànchez y Cuixart de que se les otorga
una "hipotética voluntad en los hechos del 20 de septiembre" con la que
sustentar la investigación por sedición, la jueza contesta que su
decisión de imputarles "parte de una realidad que ya se exponía" en la
denuncia de la Fiscalía y que se ha confirmado con los atestados
elaborados por la Guardia Civil.
Al margen de la ley
"La finalidad última de las movilizaciones era la de conseguir la
celebración del referéndum para conseguir la proclamación de una
república catalana independiente de España, siendo conscientes los
intervinientes de que desarrollan una actuación al margen de las vías
legales impidiendo la aplicación del ordenamiento jurídico en su
conjunto y, en particular, de la norma fundamental de todos los
españoles, la Constitución", indica el auto de la magistrada.
Para ejemplificar esto, Lamela recuerda en el escrito las palabras
que pronunciaron Sànchez y Cuixart ante los manifestantes el día 20 de
septiembre, instándoles a continuar con la movilización: "El 1 de
octubre votaremos; si nos quitan las urnas, las construiremos", dijo el
presidente de la ANC. "Que nadie se vaya a casa, será una noche larga e
intensa", afirmó el dirigente de Òmnium.
Pero además, la magistrada resalta que "la nueva información
obtenida" permite concluir que los hechos ocurridos los citados días "no
suponen un hecho aislado como quieren hacer parecer" los investigados,
sino que "se enmarcan dentro de una estrategia compleja con la que desde
hace tiempo vienen colaborando" Sànchez y Cuixart, "en ejecución de la
hoja de ruta diseñada para llegar a obtener la independencia de
Catalunya y donde ambos forman parte de un comité estratégico con unas
funciones concretas a ejecutar".
"De esta forma, en la estrategia diseñada, su actividad, tras la
aprobación de las leyes de desconexión y de la ley de convocatoria del
referéndum, resultaba esencial para dirigir todas las sinergias
independentistas en una misma dirección que culminase con la
movilización de la totalidad de la sociedad catalana que comulgaba con
la tesis soberanista y que esta movilización fuera de tal envergadura
que pudiese arrastrar a la masa de indecisos", explica Lamela.
Esta función, añade el auto de la magistrada, "estaría dirigida,
entre otros, por las entidades soberanistas ANC presidida por Jordi
Sànchez y Òmnium Cultural presidida por Jordi Cuixart".
Cambiar ilegalmente la organización del Estado
Por otra parte, Lamela insiste en su auto en que efectivamente
todos los delitos de sedición no se investigan en la Audiencia Nacional,
pero en este caso concreto lo que se persigue es cambiar ilegalmente la
organización del Estado, tal y como ya apuntó cuando admitió a trámite
la denuncia de la Fiscalía para indagar en los incidentes ocurridos los
mencionados días en Catalunya durante los registros en sedes del
Gobierno catalán los días previos a la celebración del referéndum de
independencia.
Según explica la jueza, los argumentos aportados por las defensas
de Sànchez y Cuixart, con jurisprudencia del Tribunal Supremo, "no
desvirtúan los razonamientos" que ya se dieron cuando admitió la
denuncia.
"Lejos de ello, lo que vienen a confirmar es la tesis de esta
instructora de que no todos los delitos de sedición son competencia de
la Audiencia Nacional, sino únicamente aquellos que, además de atentar
contra los bienes jurídicamente protegidos que le son propios, puedan
suponer al mismo tiempo una ofensa contra la forma de gobierno",
subraya.
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