Sociedad Civil Catalana (SCC) ha advertido
hoy de que no reconocerá una eventual república catalana ni acatará sus
leyes que la amparan y ha considerado "improcedente" abrir la vía de la
negociación para solucionar el contencioso entre el Gobierno y la
Generalitat.
(EFE). En un comunicado, SCC afirma que el 10 de octubre
Cataluña "vivió la página más negra de su reciente historia", después
de que el presidente Carles Puigdemont "declarara la independencia en el
Pleno del Parlament al tiempo que suspendía su eficacia y firmaba,
junto con el resto de diputados independentistas, la declaración de
constitución de la República Catalana".
La entidad antisoberanista señala que la suspensión de los efectos de la declaración de independencia "no atenua la trascendencia de la decisión" y que la Generalitat "pretende sustraer a los catalanes nuestra condición de españoles y privarnos de los derechos reconocidos en la Constitución española".
SCC, la entidad organizadora de la multitudinaria manifestación celebrada en Barcelona el pasado domingo a favor de la unidad de España, considera "imprescindible la adopción de medidas políticas para restaurar el principio de legalidad y la seguridad jurídica en Cataluña".
"Por ello, apoyamos expresamente la necesidad de clarificar el alcance de la declaración efectuada por el presidente de la Generalitat de Cataluña y a esos efectos consideramos pertinente y proporcional el requerimiento efectuado por el Gobierno de España al Gobierno de la Generalitat", señala el comunicado.
Como contestación posible, SCC "solo contempla que el presidente de la Generalitat abandone expresamente la vía de la insumisión y acepte el marco determinado por la Constitución y el Estatuto de Autonomía, renunciando a cualquier forma de chantaje".
"En todo caso, de no hacerse así, ya advertimos que Societat Civil Catalana no reconoce ningún mandato popular como base de legitimación de la nueva y fraudulenta legalidad catalana. No acatamos las disposiciones que le dan amparo, dado que actualmente están suspendidas por el Tribunal Constitucional", subraya la entidad.
SCC considera igualmente que "el mal causado por el Presidente Puigdemont y su gobierno es de tal gravedad que les inhabilita para seguir estando al frente de las instituciones autonómicas, por lo que entra dentro de lo pertinente que las instituciones adopten las medidas oportunas para nombrar a personas que entiendan que el principio de lealtad es sustancial a la acción de gobierno".
Para Societat Civil Catalana, "el mal causado a la convivencia por el nacionalismo hace viable, entre otras, la adopción de las medidas constitucionalmente previstas para el caso de que las instituciones catalanas se nieguen a volver a la normalidad institucional".
Por último, SCC reitera su petición a los actores políticos para que "recuperen la vía del acuerdo dentro de la legalidad y del estado de derecho", al tiempo que "considera improcedente abrir la vía de la mediación al negar la existencia de sujetos políticos distintos".
La entidad antisoberanista señala que la suspensión de los efectos de la declaración de independencia "no atenua la trascendencia de la decisión" y que la Generalitat "pretende sustraer a los catalanes nuestra condición de españoles y privarnos de los derechos reconocidos en la Constitución española".
SCC, la entidad organizadora de la multitudinaria manifestación celebrada en Barcelona el pasado domingo a favor de la unidad de España, considera "imprescindible la adopción de medidas políticas para restaurar el principio de legalidad y la seguridad jurídica en Cataluña".
"Por ello, apoyamos expresamente la necesidad de clarificar el alcance de la declaración efectuada por el presidente de la Generalitat de Cataluña y a esos efectos consideramos pertinente y proporcional el requerimiento efectuado por el Gobierno de España al Gobierno de la Generalitat", señala el comunicado.
Como contestación posible, SCC "solo contempla que el presidente de la Generalitat abandone expresamente la vía de la insumisión y acepte el marco determinado por la Constitución y el Estatuto de Autonomía, renunciando a cualquier forma de chantaje".
"En todo caso, de no hacerse así, ya advertimos que Societat Civil Catalana no reconoce ningún mandato popular como base de legitimación de la nueva y fraudulenta legalidad catalana. No acatamos las disposiciones que le dan amparo, dado que actualmente están suspendidas por el Tribunal Constitucional", subraya la entidad.
SCC considera igualmente que "el mal causado por el Presidente Puigdemont y su gobierno es de tal gravedad que les inhabilita para seguir estando al frente de las instituciones autonómicas, por lo que entra dentro de lo pertinente que las instituciones adopten las medidas oportunas para nombrar a personas que entiendan que el principio de lealtad es sustancial a la acción de gobierno".
Para Societat Civil Catalana, "el mal causado a la convivencia por el nacionalismo hace viable, entre otras, la adopción de las medidas constitucionalmente previstas para el caso de que las instituciones catalanas se nieguen a volver a la normalidad institucional".
Por último, SCC reitera su petición a los actores políticos para que "recuperen la vía del acuerdo dentro de la legalidad y del estado de derecho", al tiempo que "considera improcedente abrir la vía de la mediación al negar la existencia de sujetos políticos distintos".
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